Diputados continúa con el análisis de irregularidades en la obra social de judiciales
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continuará mañana con las audiencias por el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema con una nueva tanda de testigos por las irregularidades en la obra social de los trabajadores judiciales.
En ese marco, la comisión que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos) postergará para la semana próxima la citación a Héctor Marchi, el exadministrador del máximo tribunal, quien avisó que no podrá concurrir porque debe declarar mañana ante el juez Ariel Lijo por la misma causa.
Marchi declarará en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial desde el año 2020 en adelante y fue convocado por Lijo luego de presentar un escrito ante la fiscalía a cargo de Ramiro González, donde se había puesto a disposición para declarar como testigo para «ofrecer prueba» en el expediente «respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación».
Por eso, el exadministrador del máximo tribunal pidió postergar su declaración en torno a la situación del máximo tribunal y el manejo de la obra social de los trabajadores judiciales, que presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país y depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema.
En esta nueva audiencia de la Comisión de Juicio Político, convocada para las 15, fueron citados nuevamente el extitular de la obra social Aldo Tonón y el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, quienes ya habían sido invitados y no concurrieron.
También se citó para mañana al contador Nicolás Serafini, que firmaba los balances de la obra social; al director de Informática de la Corte, Andrés Sacchi; a María Betina Bonuccelli, funcionaria de la Corte Suprema; y a Valeria Díaz, afiliada a la obra social.
La de mañana será la decimosegunda reunión de la Comisión de Juicio Político desde que se inició el trabajo de ese cuerpo parlamentario, el 26 de enero pasado, para determinar si los jueces del máximo tribunal incurrieron en mal desempeño de sus funciones.
En la última audiencia de la comisión, y tras el polémico desplazamiento de su cargo, Marchi denunció ante los legisladores una «sanción encubierta» y «amenazas» contra funcionarios de los Tribunales.
Tras la investigación por las irregularidades en la obra social de los judiciales, la Comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fondos coparticipables adicionales que el expresidente Mauricio Macri redirigió al distrito porteño en 2016.
Por esa causa, la comisión tiene previsto citar más adelante a los gobernadores que firmaron el proyecto de juicio político -impulsado por el presidente Alberto Fernández-, al ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, y al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para brindar precisiones sobre el litigio entre Nación y CABA.
