Sesenta y seis miembros argentinos de la Iglesia fueron denunciados por abuso, pero solo tres de ellos fueron expulsados
Al menos 66 religiosos fueron denunciados por abuso desde que se conoció el caso del cura Julio César Grassi en 2002 en la Argentina, la tierra del papa Francisco, quien desde hoy conduce una cumbre de obispos contra la pedofilia en el Vaticano.
Según una investigación realizada por Télam y publicada en 2017, a 17 años de aquel caso, 59 sacerdotes fueron acusados de haber cometido abusos, a los que se sumaron también tres monjas.
Pero las acusaciones siguieron sumándose y hoy esa lista contabiliza al menos 66 religiosos, la mayoría de ellos sin condena, y sólo tres sancionados por la propia Iglesia con el máximo castigo que puede recibir un cura: la expulsión del sacerdocio.
Entre esos tres expulsados no está Grassi, quien tiene una condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia por «abuso sexual agravado de menores» pero que aún no fue sancionado dentro de la Iglesia.
«Es un acting», le dijo a Télam el abogado canónico Carlos Lombardi, representante de la red de Sobrevivientes del Abuso Eclesiástico, sobre la reunión en el Vaticano.
«Hablan de las mismas medidas de siempre, pero después no hacen nada. La actitud del papa Francisco es de una tremenda cobardía, se niega a dar el debate cara a cara con las víctimas y sólo van a escuchar un video», criticó.
Para Lombardi, un «punto clave» para saber si esa cumbre «podrá cambiar la actitud de la Iglesia frente a los abusos» es conocer si, efectivamente, «los obispos están dispuestos a dejar sus privilegios y entregar a los abusadores a la justicia civil». «Mientras los curas sigan juzgando a los curas, no cambia nada», aseguró el especialista en derecho canónico.
Francisco calificó a los abusos dentro de la Iglesia como «un desafío urgente de nuestro tiempo», y pidió a los fieles que «recen por el éxito» de la cumbre antipedofilia, que congrega a los líderes de las 113 conferencias episcopales del mundo, entre ellos el representante argentino monseñor Oscar Ojea.
Ojea fue quien, precisamente, expulsó a dos de los tres sacerdotes sancionados.
La cumbre «antipedofilia» comenzó con un escándalo que involucró directamente al Papa argentino, ya que un año después de que Jorge Bergoglio nombrara al obispo emérito de la ciudad salteña de Orán, Gustavo Zanchetta, como «asesor» de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), a principios de enero la justicia local le inició una investigación «por abuso sexual y otros comportamientos impropios».
Zanchetta había sido trasladado al Vaticano cuando comenzaron a conocerse las primeras acusaciones.
A diferencia de lo que ocurre en países como Estados Unidos, Australia o Irlanda, en Argentina no existe investigación judicial o canónica que abarque diócesis enteras. Tampoco hay registros oficiales sobre los sacerdotes involucrados o el número de víctimas que sufrieron abusos.
Hasta ahora la mayor condena fue para el cura Justo José Ilarraz, quien fue sentenciado en 2018 a «25 años de prisión por abuso y corrupción de 40 menores» en Paraná, Entre Ríos.
Pocos meses después, la justicia entrerriana aplicó la misma condena de 25 años al religioso Juan Diego Escobar Gaviria, también acusado de “corrupción de menores y abuso sexual gravemente ultrajante” contra al menos dos jóvenes.
Fuente: A24
