La necesidad de un plan nacional y popular, a 43 años del golpe cívico-militar.
Por Horacio Rovelli.

El golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 impuso a sangre y fuego un modelo dependiente del capital internacional que permitió a la vez, configurar grandes grupos económicos locales, que se beneficiaron con contratos leoninos con el Estado, con mercados cautivos y, con la deuda externa contraída, que posteriormente traspasaron al Estado mediante “seguros de cambio” y la legitimación de la misma por el gobierno radical de Raúl Alfonsín [1], entre ellos, el Grupo Macri, liderado por el recientemente fallecido Franco Macri.

Una vez asaltado el gobierno, llevaron adelante costosas obras públicas y, allí, aparece como contratista del Estado la firma SIDECO Americana, que presidida por Franco Macri estaba asociada a la FIAT y fue la encargada de la construcción de la Central Nuclear Atucha, la Central Hidroeléctrica de Salto Grande, el Puente Internacional Encarnación-Posadas y en parte de la obra de Yacyretá, entre otras.

El grupo crece sostenidamente: de siete empresas menores que lo conformaban en 1976, pasa a presidir un holding de cuarenta y siete empresas al fin de la dictadura [2], entre ellas Sevel Argentina (automotriz), Sideco Americana (construcciones), Socma Corp.(financiera), Manliba (recolección de residuos), Itron (electrónica), Iecsa (instalaciones mecánicas), y Perfomar (perforación petrolera).

Incluso el caso SEVEL, que es la fusión en la Argentina de la dictadura militar de FIAT y PEUGEOT y que preside Ricardo Mansueto Zinn y como vicepresidente tiene a Franco Macri, permitió a las empresas extranjeras tener una cobertura para salir del país, mientras se encargaba la nueva empresa SEVEL de despedir el personal de Fiat y de Peugeot.  Es en relación a esa empresa SEVEL que Mauricio Macri, hijo primogénito y presidente de una ignota empresa uruguaya (SEVEL Uruguay), fue procesado por el Juez en lo penal económico, Carlos Liporace, por contrabando.

SEVEL Argentina le exportaba autopartes a SEVEL Uruguay (presidida por Mauricio Macri) y cobraba en la Argentina reintegros impositivos por ello (IVA y otros impuestos internos).  Pero luego importaba el auto terminado (de SEVEL Uruguay) y se beneficiaba con el sistema de importación compensada a partir de los automotores exportados.  Esto fue en el año 1993 y según la causa y tras comparar números de chasis y de motor de 1.300 vehículos, se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina a su vez eran reingresadas en el país, luego de ser compradas y vendidas por SEVEL Uruguay y Drago SA,  controlada por SEVEL Argentina.

Pero con todo eso, que no es poco y que le hace reconocer a su hijo primogénito, a días de la muerte de su progenitor: “Lo que hizo mi padre era un delito”, hay una diferencia sideral entre ambos. El primero, aun siendo un delincuente que se beneficiaba a sí mismo, generaba trabajo y producción en la Argentina. Es más, antes de enfermar y morir impulsaba acuerdos con empresas chinas para producir trenes y automóviles en el país y fue uno de los principales promotores de la creación de la Cámara de la Industria y Comercio Argentino-China. El hijo es solo un obediente y sumiso dependiente del Capital Financiero primero y después del FMI, aceptando que en la Argentina no se produzca un alfiler y solo productos que se extraen o se cultivan o crían en estas tierras

El choque de los planetas

Lo que Mauricio Macri llamó “El Círculo Rojo”, en víspera de las elecciones de las PASO del 9 de agosto de 2015, es un grupo de personas que lo presionaban para unirse a Sergio Massa para frenar al kirchnerismo. Obviamente ese grupo de personas incluye a los representantes de Héctor Magnetto de Clarín, de Paolo Rocca de Techint, de Luis Pagani de Arcor, etc.

Macri no aceptó la presión del Círculo Rojo porque había acordado con el capital financiero internacional y creyó que esa asociación le iba a permitir consolidar un fuerte y permanente ingreso de recursos hasta lograr que la Argentina se inserte en el mundo permitiendo un flujo de fondos que equilibren las necesidades fiscales y de cuentas corriente de la Balanza de Pagos del país, y los principales precios (tasa de interés, tipo de cambio, precios de bienes y servicios, tarifas y salarios), que es el sustento teórico del neoliberalismo de manual, pero que no se cumple nunca en la realidad.

El modelo derrapó cuando desde el 25 de abril de 2018 los grandes bancos y fondos de inversión como el JP Morgan, Merrill Lynch, Stanley Morgan, Deutsche Bank, entre otros, se fueron en masa.

Gran parte del llamado por Macri “Círculo Rojo” presenta el 4 de julio de 2018 un plan de 14 Puntos, trabajo dirigido por Roberto Lavagna y Aldo Pignanelli, y que consiste en medidas a ejecutar por un nuevo gobierno, que básicamente se sintetizan en:

Régimen de flotación administrada. El mismo modelo que Aldo Pignanelli y Martín Redrado pusieron en marcha para contener el dólar cuando fueron presidentes del BCRA.

Repatriación de capital y giro de utilidades. Que la primera se pueda realizar una vez transcurrido un año desde su ingreso al país. Que la segunda se pueda efectuar en cualquier momento pagando una tasa del 42% por impuesto a las ganancias, como en el modelo chileno.

La sanción de una Ley de emergencia aduanera por 180 días para revisar el sistema de importaciones.

Fijar plazos para la liquidación de exportaciones.

Aunque no estaba escrito,  el plan se iba a financiar con la colocación de un “bono patriótico” a los poseedores de bienes declarados en el blanqueo y el control de capitales. (Se trata de activos totales por aproximadamente 94.000 millones de dólares, que se verían obligados a girar al gobierno nacional el 7% de esa suma, unos 6.600 millones de dólares por año.)

Detrás de los 14 puntos están las grandes empresas del país, que plantean una restructuración de la deuda pública pero también pretenden que el Estado venda las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, para ser recomprada por los Rocca (Siderar); los Joseph Lewis, Mindlin y Macri (Pampa Energía y Edenor); los Brito (Banco Macro); los Costantini (Consultatio); los Miguens (Citrícola San Miguel); los españoles (Gas Natural BAN); los Werthein y Martínez (Telecom); y los Magnetto (Clarín), entre otros.

Pero el capital financiero internacional con centro en los EE.UU. nos reserva otro destino. Por un lado, se “beneficiaron” con la aparición del cuaderno del chofer Oscar Centeno, que obliga a dar explicaciones a quienes nunca las dieron y, con ello, limitan el accionar de Techint, principal productor de acero del país y una de las empresas más importantes en el rubro del mundo, y en mayor o menor medida todas las empresas que realizaron contratos con el Estado e incluso la familia Macri y el mismo Mauricio, que han piloteado en el pantano de la obra pública, donde el grupo SOCMA (Sociedad Macri) e IECSA han sido principales miembros de esa llamada Patria Contratista.

El mensaje es claro. Que nadie se anime a enfrentar al imperio. Quien lo hace va preso y se confiscan sus bienes, contratos, aspiraciones, etc. Tienen jueces, medios periodísticos, económicos, etc., por lo que se debe acatar lo que Estados Unidos, sus empresas y financistas decidan, de allí que no sólo el FMI, con el voto decisivo de los Estados Unidos, le financia hasta el fin del gobierno de Mauricio Macri, deuda por 52.000 millones de dólares, que sumados sus intereses deberemos pagar todos los argentinos de a pie; sino que lo tienen como la cara visible de un gobierno que se endeuda para pagarles, que incluso el FMI concede créditos para que los capitales que se quieran ir lo hagan, saben que lo van a cobrar y con creces de los activos [3] y del trabajo argentino.

El tercero en discordia

Tras tres años y tres meses de gestión del gobierno de Cambiemos, se percibe claramente el objetivo de uno (FMI) y otro (grandes empresarios locales), lo que no aparece es quién defiende, y cómo, los intereses del pueblo argentino. Que proponga un plan que parta desde el trabajo, que no haga que la deuda caiga sobre los que menos tienen y tienen que pagarla. Un plan que como decía Néstor Kirchner ponga plata en el pueblo para aumentar el consumo, porque sin ventas no hay ni inversión ni producción, y sin esa combinación virtuosa de inversión y producción no hay exportaciones y, por ende, no se puede crecer sostenidamente.

Hay una vasta experiencia en el tema: los planes quinquenales del primer y segundo gobierno de Perón, el Plan Nacional de Desarrollo 1965/1969 de la CONADE, el Plan Trienal de Gelbard, y los planes de gobierno del kirchnerismo, que comenzó con siete puntos no bien asumió el 25 de mayo de 2003 y cumplió holgadamente [4].

Ese plan nacional y popular debería ser presentado y ser discutido en el seno del pueblo; los planes descriptos por el FMI y por los 14 puntos de la UIA; la volatilidad del tipo de cambio que sabemos que tarde o temprano se disparará provocando una corrida bancaria y cambiaria (durante este gobierno, lo menos probable, o no bien asuma el nuevo) como hemos vivido otras veces, de la que debemos estar preparados; de la necesidad de un Estado que regule y establezca las reglas de juego y por ende un gobierno que sea capaz de administrarlo; de equipos de gobierno; etc. etc.

Tras el éxodo a Ayuí, José Gervasio de Artigas volvió sobre Montevideo, echó a los españoles e incluso tuvo que enfrentar al enviado de los porteños, Carlos María de Alvear, hasta que lo derrotó y, allí Buenos Aires, con el “asesoramiento” inglés, le ofrece la independencia de la Provincia Oriental, a lo que Artigas, previa asamblea con su gente  para que decidan (Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana), rechaza la propuesta porque la idea de los orientales era hacer una patria grande.

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