Penas de hasta 22 años para los acusados del caso Marita Verón
Esperaba mucho más, pero no puedo decir que no estoy conforme”, expresó ayer Susana Trimarco tras conocerse las penas que un tribunal fijó para los diez condenados por la “retención y ocultamiento agravados para el ejercicio de la prostitución” de su hija, Marita Verón, en 2002. Todos ellos habían sido absueltos de los mismos cargos en un juicio oral en 2012, pero en diciembre último la Corte tucumana revocó esa sentencia y los condenó.
Ahora, un tribunal de la Cámara Penal de Tucumán, con los votos de su presidente Dante Ibáñez y de Juana Juárez, y la disidencia de Emilio Páez de la Torre, se limitó exclusivamente a determinar el monto de las penas. Para José “Chenga” Gómez y su hermano Gonzalo Gómez, dos de los cuatro coautores de los ilícitos mencionados –equiparables al delito de trata de personas tipificado en una ley reciente– los jueces establecieron penas de 22 años de prisión. Los mellizos Gómez fueron acusados de manejar los prostíbulos Candy, Candilejas y El Desafío, de la capital de La Rioja, donde varias testigos declararon haber visto a Marita en cautiverio.
Para los otros dos coautores, Daniela Natalia Milhein y su pareja Andrés Alejandro González, los jueces dictaron penas de 18 años de prisión. La imputación contra ambos fue que retuvieron contra su voluntad a Marita en una casa de la capital tucumana antes de que fuera trasladada a La Rioja.
Los restantes seis condenados, en calidad de partícipes necesarios, recibieron penas que descienden desde los 17 años de prisión para Carlos Alberto Luna y Domingo Pascual Andrada, a los 15 años para María Azucena Márquez, 12 para Humberto Juan Derobertis y 10 para Mariana Natalia Bustos y Cynthia Paola Gaitán. Aparte de Andrada, a quien se lo sindicó como quien transportó a Marita desde Tucumán a La Rioja, a los demás se les imputó haber cumplido diversas funciones en los prostíbulos de los Gómez.
Además, el tribunal dispuso la prisión preventiva de todos los condenados –a excepción de Cynthia Paola Gaitán, que seguirá en arresto domiciliario por 15 días– hasta tanto constituyan o mejoren su caución de modo satisfactorio.
“Veintidos años para los cabecillas no es poco”, comentó Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, en relación a la pena dictada para los hermanos Gómez. Y agregó que “está cerca” de los 25 años que había pedido para los cuatro coautores su colega cordobés José D’Antona, representante de la querella. En cambio, Garmendia opinó que le parecían “poco” las penas dispuestas para los seis partícipes necesarios, para quienes D’Antona había solicitado 24 años y medio de prisión.
El defensor de los Gómez, el también cordobés Jorge Cáceres, consideró por su parte que el fallo de ayer “es una vergüenza” (ver Es un fallo político…).
El 11 de diciembre de 2012, tras diez meses de un juicio oral por el que desfiló más de un centenar de testigos, un tribunal presidido por Alberto Piedrabuena e integrado por Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano absolvió por unanimidad a los 13 acusados originales. La sentencia causó indignación en la opinión pública y cuestionamientos de todo tipo a sus firmantes.
Un año después, el 17 de diciembre último, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó esa sentencia y condenó a diez de los imputados, ratificó la absolución de dos de ellos (María Jesús Rivero y su hermano Víctor Rivero) y declaró extinguida por fallecimiento la acción penal contra Lidia Medina, madre de los Gómez.
La diferencia entre la sentencia absolutoria y la condenatoria estribó básicamente en la distinta valoración que hicieron el tribunal oral y la Corte provincial de los testimonios de mujeres que declararon haber visto a Marita en La Rioja.
