La Sución

Comenzaba el año 1981 en la Argentina de la dictadura cívico-militar. El retraso cambiario, la destrucción de eslabones de la cadena productiva y el descenso del poder adquisitivo del salario generaban una caída del PIB sin límites y sin fin, agravados por el creciente déficit en las cuentas públicas y en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos.

Se dependía exclusivamente del ingreso de capitales del exterior para mantener la ficción de que el sistema continuaba, fondos que ingresaban atraídos por las tasas de interés internas superiores a la depreciación de nuestra moneda (valor del dólar) que, a su vez, era la fortaleza del equipo de José Alfredo Martínez de Hoz por sus vínculos con la banca extranjera y, por esa razón, capaz de seguir endeudando a la Argentina para financiar y respaldar el ingreso de fondos financieros, aunque se empleara como tomadoras de créditos para ese objetivo a las principales empresas públicas (YPF; FFCC; Gas del Estado; Hidronor; SEGBA; SOMISA; Aerolíneas Argentinas; etc.) y generara una deuda externa impagable [1].

Pero el atraso cambiario para posibilitar el carry-trade favorecía a las importaciones y perjudicaba a las exportaciones, de manera tal que para nuestra producción local era una competencia desleal y, para los segundos, las quejas del campo (como les gusta llamarse) obligó a renunciar, disconforme con la política cambiaria, a fines del año 1979, al Secretario de Agricultura y Ganadería, Mario Cadenas Madariaga. Conspicuo dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), formó parte del equipo que se reunía desde 1975 en la casona de la calle Azcuénaga 1.673 en la Ciudad de Buenos Aires para preparar el nuevo gobierno .

Se priorizaba el carry-trade por sobre la producción, lo que por un lado generaba fuertes ganancias a los especuladores y fugadores de capital y, por otra parte, era funcional a lo que la burguesía rapiñera Argentina y el FMI pretendían, desindustrializar el país y acumular ganancias a los que podían valorizar financieramente su acervo [2], asegurado por la combinación de una tablita cambiaria que fijaba el valor del dólar futuro y de las confiscatorias tasas de interés, que como ahora en el gobierno de Cambiemos, provocaron un cierre masivo de empresas, dado que, en su estrategia, la base del conflicto eran las fábricas (es decir sus trabajadores), por lo que había que dejar solamente las imprescindibles. De esa manera cerraron: General Motors, Peugeot, Citroën y Chrysler, Siam Di Tella, Decca (Deutz-La Cantábrica), Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti y miles de pequeñas y medianas compañías (sobre todo de mano de obra intensiva). En 1980, la industria había reducido su participación en el PBI un 10 % con respecto a 1974.

La desindustrialización y la expulsión de trabajadores fue el camino elegido para aminorar el conflicto social. Dejaban de reclamarse las condiciones de trabajo y el salario por tratar de mantener o conseguir un empleo. Tal vez la provincia que mejor refleje ese proceso sea la de Córdoba, con los trabajadores mejores pagos de la Argentina de esa época, con una capacidad potencial industrial importante, que hoy tiene más desocupados, subocupados y niveles de pobreza que el promedio del país.

Para no echar más leña al fuego, la dictadura hizo que las distintas administraciones públicas (nacional, provinciales y municipales) trataran de preservar los puestos públicos, pero con una reducción muy fuerte de los salarios reales. Sin embargo, uno de los justificativos que tuvo el equipo de Martínez de Hoz para explicar su fracaso fue sostener, como dijo su Secretario de Hacienda, Juan Alemann, que “era difícil estabilizar la economía con sobreocupación, por lo que la recesión y la suba de la tasa de interés eran los únicos medios para ajustar a la baja los salarios y los precios a los niveles deseados”. Primero cierran las fuentes de trabajo y después les echan la culpa a los trabajadores.

El descenso de los ingresos del conjunto de los asalariados comparando el quinquenio 1976-1980 con el quinquenio anterior, fue del 20% del PIB, que se transfirieron vía precios y suba de las tasas de interés a los sectores más concentrados de la economía argentina y que en gran parte fugaron al exterior.

La sucesión

En ese marco se produce el reemplazo de Videla por Viola y de Martínez de Hoz por Lorenzo Sigaut. Dado el manifiesto atraso cambiario, en febrero de 1981 el ministro afirma que a pedido de las autoridades que asumirían el 29 de marzo de ese año, debe dejar de lado la “tablita cambiaria” y devaluar un 10% nuestra moneda. Esa medida fue tomada como incitación a la dolarización y fuga de capitales, que se agravó cuando el nuevo ministro dijo “que el que apuesta al dólar pierde” y, ante la suba imparable de la divisa estadounidense, devaluó durante el mes de abril un 30% más y desdobló el tipo de cambio en uno comercial y otro financiero. Medidas que también fueron superadas por la suba persistente del valor del dólar que en los casi nueve meses de gestión de la dupla Viola-Sigaut lo que se hizo fue aceptar la depreciación de nuestra moneda como mal menor. Pero ello disminuyó aún más el poder adquisitivo de los salarios, lo que a su vez redujo el consumo global y con ello profundizó la recesión económica. El PIB del año 1981 cayó en 5,7%, que se complementa con el descenso del año 1982, guerra de Malvinas mediante, que volvió a caer el PIB en un 3,7%, destrucción de riqueza y exclusión social solo comparables a las de una nación en guerra.

También en esos años los grupos económicos tanto locales como extranjeros que operaban en el país y que habían tomado generosamente deuda externa, pergeñan el traspaso de la misma mediante los “seguros de cambio”, que hacían que la Administración Nacional acordara con esas empresas y conglomerados económicos que, en lugar de pagar ellos sus deuda con el exterior, le pagaran al Estado argentino en pesos y ajustables a una tasa de interés que fue muy menor a la constante depreciación cambiaria, para que el Estado asumiera esa deuda en divisas con el acreedor extranjero.

Lorenzo Sigaut trabajaba antes de asumir en el Ministerio de Economía de la Nación para FIAT Argentina, que en 1980 se asocia al joint-venture SEVEL (Sociedad Europea de Vehículos para Latinoamérica) y que traspasara al Estado por el mecanismo de seguro de cambio descripto, una deuda de 124 millones de dólares, firma –SEVEL— en la que Franco Macri era su principal directivo [3].

Terminada la dictadura cívico-militar, Juan Alemann afirmaba que los cambios que habían hecho en la economía nacional y la necesidad de refinanciar la deuda haría fracasar a un próximo gobierno. Que solo ellos tenían “la llave” para negociar con los acreedores, que la deuda externa era la hipoteca impagable para un gobierno que no acordara con los grupos dominantes del país.

La sucesión del gobierno de Cambiemos

El gobierno encabezado por Mauricio Macri repitió el mismo procedimiento, endeudamiento externo y retraso cambiario, beneficiando a una nómina que el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, se negó a dar a conocer amparándose en el “secreto bancario», hasta que el 25 de abril de 2018 los principales bancos colocadores de títulos de deuda argentinos en el mundo emprendieron la fuga.

El gobierno sin plan y sin rumbo se subordina al FMI, que generosamente le presta más que a cualquier país miembro, pero por supuesto, la duración y la escala del ajuste acordado con la Argentina tampoco tienen precedentes. El problema es que el Presidente Macri no tiene ninguna oportunidad de renovar su mandato. Más probable es que retorne el gobierno anterior, cuyo antecedente fue que el 3 de enero de 2006 le pagó todo lo adeudado al FMI. El mismo Presidente Kirchner fue ese día a la oficina que tenía el organismo en Hipólito Yrigoyen 250 y les dijo que se fueran.

Por supuesto que hoy la situación es muy distinta por la magnitud de la deuda con el FMI y la parafernalia de títulos de deuda del Tesoro de la Nación y del BCRA emitidos por el gobierno de Cambiemos, con la pretendida posesión de “llave” de acceso a los mercados financieros que decía Juan Alemann.

Al día 10 de mayo de 2019, el stock de LECAPs (Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos) que son títulos de corto plazo, supera los $450.000 millones, o sea el equivalente a 9.800 millones de dólares y en el mercado estiman que más de la mitad de esa deuda está en poder de bancos y fondos extranjeros. A eso le sumamos la deuda en LETES (Letras del Tesoro), que son en dólares y suman 8.345 millones.

A esa misma fecha, el total de los depósitos del sector privado en el mercado financiero local asciende a $ 2.219.759 millones (unos 48.000 millones de dólares), básicamente a 30 días de plazo, con lo que pende como la espada de Damocles la posibilidad que ante una nueva corrida del dólar la misma se convierta en corrida bancaria.

Toda esa deuda real y potencial hace que, por el mismo endeudamiento, la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos de 2018 registrara un déficit de 28.003 millones de dólares (5,4% del PIB), explicado por el saldo negativo de la balanza de bienes y servicios de 10.575 millones, un débito neto de ingresos primarios de 18.723 millones y un superávit de ingresos secundarios de 1.295 millones de dólares.

En el corriente año 2019 la combinación de la recesión económica y la deprecación cambiaria frenaron las importaciones más que impulsar las exportaciones, con lo que se revierte el déficit comercial en superávit, pero los gastos netos en servicios reales (royalties, turismo, comunicaciones, fletes, seguros, etc.) como los financieros (intereses de la deuda y giro de utilidades) son mayores que el superávit comercial de mercaderías, lo que hace que el mismo gobierno en el acuerdo firmado con el FMI estime un déficit en la cuenta corriente comercial del 1,7% del PIB (equivalente a unos 7.800 millones de dólares). O sea que encima de todas las deudas hay que conseguir divisas para cubrir la Balanza de Pagos.

De lo acordado con el FMI, el próximo Gobierno recibirá en el año 2020 unos 3.892 millones de dólares en cuatro cuotas trimestrales de 973 millones de dólares cada una, que terminan en dos cuotas más de 773 millones de dólares cada una, en el año 2021. Pero hay que empezar a pagar desde septiembre de 2020, en ocho cuotas trimestrales consecutivas, el tramo de 14.458 millones de dólares otorgado el 22 de junio de 2018 y así sucesivamente todo el crédito del FMI. Por ende, para la próxima administración los ingresos del FMI no cubren la tercera parte de lo que se le debe devolver a ese organismo en los primeros 18 meses de gestión.

Siempre se puede estar peor

En la nota nos limitamos a la impagable deuda pública, sin tener en cuenta que grandes empresas locales (Grupo Clarín, Arcor, La Serenísima, Grobocopatel, Longvie, etc.) tienen deuda en dólares y obviamente van a tratar de repetir la jugada de traspasarle parte de esa deuda al Estado. Por ende es imprescindible que el gobierno de Cambiemos cese en su política de depredación y sea reemplazado por un gobierno que diferencie tajantemente la deuda pública de la privada y que se dé, desde el primer día, una política clara de reprogramación y extensión de los plazos que sea compatible con el crecimiento económico y la imprescindible redistribución de ingresos a favor de los asalariados, jubilados y pensionados, para que recuperen, en cierto lapso, los casi 20% del PIB que perdieron con el macrismo.

Esa recuperación del ingreso junto a la defensa del mercado interno y los acuerdos con el exterior, comprándole a los países que nos compran e invierten en el país, es la base para asegurar una Argentina para todos. De otra manera se incurrirá en el craso error de aceptar condicionamientos imposibles de cumplir y, con ello, el descrédito de los que no supieron encontrar una salida digna para el país.