La relación entre el gobierno nacional y las compañías farmacéuticas alcanzó su punto de mayor tensión.
La pulseada por el precio de los medicamentos -que comenzó a fines del año pasado a raíz de la embestida inflacionaria que le siguió a la devaluación-, terminó con el quiebre del diálogo, luego de que la Secretaría de Comercio Interior dictaminara parcialmente dejar sin efecto los aumentos que decretaron las empresas en las últimas semanas.
Mediante la resolución 90, la cartera que conduce el secretario Augusto Costa dispuso ayer retrotraer los precios de venta de los remedios al 7 de mayo, y dispuso que se congelen hasta el 23 de agosto próximo.
Además, el funcionario exhortó a las compañías fabricantes a que en el término de diez días hábiles presenten ante la Subsecretaría de Comercio Interior un informe detallado de los valores de todos sus productos, desde el 1 de abril pasado hasta la fecha.
Los aumentos en los precios sugeridos de venta al público promediaron entre el 3 y 4% durante el mes pasado, según pudo relevar el Gobierno. Esos incrementos sin autorización del Ejecutivo encarecieron aún más el costo de los productos medicinales, los cuales desde diciembre del año pasado tuvieron subas que alcanzaron el 30 por ciento. Así, la mayoría de las empresas incumplieron el acuerdo de precios «de palabra» que sellaron las autoridades y los privados en febrero último.
Con la resolución algunos medicamentos de consumo masivo tendrán rebajas en la farmacia. Por ejemplo, el ansiolítico Alplax (Gador), de 1mg x 60 comprimidos, deberá pasar a costar $93,94 (en junio llegó a $97,69), mientras que a fines de 2013 estaba en $70,90. El antibiótico Optamox Dúo (Roemmers), en su presentación de 14 comprimidos, volvería a valer $183,12; cuando en junio costaba $191,36 y en 2013 148,29. En el caso del antitérmico y descongestivo Qura Plus (Boehringer Ingelheim), en su versión de 20 comprimidos, regresaría a su precio de $48,44, luego de que en junio trepara a $52,62; el año pasado esa píldoras salían 37,77 pesos.
La pelea, a la Justicia
La resolución de la Secretaría causó malestar entre los empresarios, quienes desafiaron al Gobierno y adelantaron que irán a tribunales. «Las actuales circunstancias nos obligan a recurrir ante la Justicia para defender nuestros derechos, las fuentes de trabajo y el sistema de salud»,señalaron en un comunicado la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA).
Los laboratorios dicen que la medida del Gobierno es «sorpresiva, arbitraria e ilegal», «Esconden las verdaderas raíces del problema, que ciertamente no residen en la industria farmacéutica», ahondaron. En su posicionamiento, las tres cámaras se comprometieron a garantizar «el normal abastecimiento de medicamentos a todas las farmacias y centros de atención sanitaria del país».
Desde el sindicato de Farmacéuticos, el secretario gremial Marcelo Peretta consideró que «no es justificable» el comportamiento de las empresas, y aclaró que tienen margen para ajustarse a la resolución de Costa ya que «no es tan gravosa» y afecta «muy poco» a los valores de los medicamentos.
«El país necesita que los laboratorios ganen algo razonable. Los genéricos han aumentado mucho menos y pudieron brindar un servicio para la salud», sostuvo en diálogo con radio Del Plata. El sindicalista rechazó que las firmas del sector justifiquen los aumentos por lo invierten en investigación y desarrollo de nuevos remedios, al afirmar que «el 80% de los medicamentos que aumentaron salen muy barato fabricarlos».
Por lo tanto, pidió «sanciones concretas» contra las compañías que incumplan con la regulación de precios. «A las alimenticias se las ha puesto en caja. En el caso de las farmacéuticas se ve que no, y tienen un espalda mucho mayor. Son mucho más pícaras», concluyó Peretta.
