Crisis en la salud privada: No podrá darse el Bono extraordinario y

Adecra+Cedim junto a otras cinco cámaras prestadoras de salud privada, que representan en conjunto a más del 95% de las instituciones médico-prestadoras del país, denunciaron ante el Ministerio de Producción y Trabajo la “gravísima” situación del sector y exigieron que se cite a las autoridades de Gobierno y sindicales para evitar medidas terminales. “Si los prestadores médicos entramos en crisis, entra en crisis todo el sistema de salud argentino”, declararon.

Clínicas, sanatorios, hospitales privados, centros de diagnóstico y tratamiento, geriátricos y psiquiátricos de todo el país realizaron una presentación oficial ante la cartera de Producción y Trabajo. Dieron a conocer en detalle la delicada problemática estructural de salud en materia económica, impositiva y fiscal, “a nivel sectorial con alcance nacional”, que arrastra su caída desde la crisis de 2018 y se agudizó aún más con la devaluación e inflación post PASO.

En este escenario, anunciaron que, “sin desconocer la necesidad de los trabajadores por recomponer lo que perdieron de sus bolsillos”, no podrán pagar el bono de cinco mil pesos impuesto por el Gobierno y que “está hasta en duda el cumplimiento de los salarios pactados por convenio”.

Así, pidieron con urgencia que se convoquen reuniones ante el Gobierno con el Sindicato de la Sanidad, la entidad gremial que representa al personal de los prestadores, y fueron contundentes: “De no atenderse esta problemática en muy breve lapso, nuestras empresas se verán involucradas en situaciones no deseadas: reformulación de las condiciones de trabajo y salariales, suspensión de personal, despidos y cierres”.

“Cuando la ecuación de ingresos y gastos ya estaba críticamente desbalanceada, en julio de este año se acordó un aumento del 32% para 2019, con cláusula de revisión para febrero de 2020, y en agosto sobrevino la catástrofe económica”, relataron las entidades y ampliaron: “El inesperado salto del dólar, la aceleración inflacionaria que cambió la proyección de 40% a 55%, la disrupción de la cadena de proveedores que dejaron de tener precios de referencia y el agravamiento del estrés financiero fueron el tiro de gracia”.

“Hasta antes de la crisis post PASO, estábamos en conversaciones con el Ministerio de Producción y Trabajo en una agenda para la corrección de las distorsiones impositivas, como punto de partida para la salida de la Emergencia Sanitaria, pero hoy el fin de la Emergencia es una ilusión”, afirmaron.

También, comentaron que “las cuentas entre los prestadores médicos están totalmente desestructuradas, con tendencia muy negativa, y muchos están entrando en cesación de pagos”.

Además de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA) y la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (CEDIM), firmaron el documento la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (CONFECLISA), la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL), la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME), la Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos (AAEG) y la Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos (CACEP).

“La crisis de los prestadores médicos del sector privado es una crisis del sector salud argentino”

Parte del planteo que las entidades hicieron al Gobierno se funda en el lugar que este sector ocupa en la salud del país, la composición de sus costos y el “particular” ciclo de pagos.

“Los cimientos del sistema sanitario nacional somos los prestadores médicos privados porque la mayoría de los argentinos aspira y accede a nuestra atención médica”, señala un fragmento del comunicado, siendo que “el 63% de la población está cubierto por la seguridad social y la mayor parte contrata los servicios prestacionales de salud al sector privado”.

La carta también explica que el sector tiene “una inflación de costos superior a la inflación general. Así, las recomposiciones salariales impactan directamente en el 74% de los costos, que corresponde a recursos humanos, y las devaluaciones al 26% del gasto restante, que son insumos e inversiones con un alto componente importado, con el atraso en la cadena de pagos como agravante”.