En un trámite express la Legislatura archivo el pedido de juicio político contra Manzur, Jaldo y Leiva
La comisión de Juicio Político de la Legislatura resolvió hoy el archivo del expediente iniciado por una presentación de dirigentes locales del PRO debido a la reunión que llevaron a cabo autoridades de los tres poderes del Estado en la casa del intendente bandeño Darío Monteros y su esposa, la diputada nacional Gladys Medina.
El pedido de remoción promovido por el macrismo tucumano estaba dirigido en contra del gobernador, Juan Manzur, del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, y del vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva. Los tres habían participado de un almuerzo, junto a otros funcionarios y dirigentes peronistas, que tomó estado público a partir de las columnas de los periodistas Federico Türpe y Álvaro Aurane, de LA GACETA.
Hoy, los miembros de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, que preside el oficialista Zacarías Khoder, se reunieron para tratar el planteo para que se analizara un posible trámite de destitución de las autoridades, ante una presunta violación al decreto presidencial que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus covid-19.
Según fuentes de la Legislatura, hubo tres dictámenes: el de mayoría, impulsado por el bloque oficialista que conduce Roque Tobías Álvarez; y dos de minoría, que propusieron Raúl Pellegrini (Partido de la Justicia Social) y Mario Casali (Fuerza Republicana). Si bien los textos tenían criterios distintos, la mayoría coincidió en que la presentación del macrismo no contenía las pruebas suficientes para avanzar con el proceso constitucional de remoción. Por lo tanto, el expediente pasó al archivo.
En cambio, la comisión de Juicio Político decidió darle curso a las denuncias efectuadas por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), que preside Claudia Sbdar, y por el abogado penalista Gustavo Morales en contra del juez de Ejecución de Sentencias del Poder Judicial de Tucumán, Roberto Guyot, por presuntas faltas en su desempeño como magistrado. (LA GACETA)
