«Los policías realizaron un despliegue importante para hacer desaparecer a Espinoza»
Para la titular de la Fiscalía de Instrucción deI del Centro Judicial de Monteros, Mónica García de Targa, la cantidad de pruebas contra los nueve policías y dos civiles detenidos es «inmensa».
Fuentes judiciales informaron a Télam que la fiscal pidió la prisión preventiva de nueve efectivos y un civil al juez de Instrucción Mario Velázquiez, quien ahora tendrá cinco días para resolver.
Los detenidos por el crimen de Espinoza están acusados de «privación ilegítima de libertad seguida de muerte y desaparición forzada, por lo que podrían ser condenados a cadena perpetua», reveló un vocero de la fiscalía consultado por Télam.
El pedido de prisión preventiva alcanza al subcomisario Rubén Montenegro, el oficial José Morales, y los efectivos Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya.
También se incluye a Fabio Santillán (vigía ciudadano), mientras que un pedido similar se hará en los próximos días para Álvaro Gónzalez, el otro detenido que no pertenece a la fuerza policial, según precisaron las fuentes consultadas.
Para los acusadores, la situación procesal de los efectivos se complica por tratarse de miembros de la seguridad del Estado y porque «ocultaron el cuerpo y negaron información sobre el paradero» del trabajador rural asesinado.
Consultada sobre el grado de participación de los acusados en el homicidio, García de Targa dijo en declaraciones al canal Todo Noticias que de acuerdo a las pruebas producidas hasta el momento, diez de los detenidos «habrían intervenido en la desaparición y muerte» de Espinoza, mientras que el onceavo es alguien que «accedió a traer algunos elementos hasta el lugar con un vehículo», como «una bolsa que utilizaron para colocar» el cadáver de la víctima.
«Es un hecho muy complejo, todos cumplieron roles en el hecho, los cuales están definidos, y la fiscalía tiene probado que el cuerpo fue trasladado hasta la comisaría de Monteagudo y que desde allí fueron cuatro personas las que lo llevaron a más de cien kilómetros, cruzando el límite con Catamarca», agregó.
«En este caso, más allá de la intención o no de matar, tenemos el resultado muerte» y que «hubo toda una actividad y un despliegue importante para hacer desaparecer el cuerpo y que nunca fuese encontrado», aseguró la fiscal.
García de Targa precisó que uno de los policías involucrados «había prestado servicio en esa zona (Catamarca), era conocedor del terreno y probablemente conocía a las personas que trabajaban ahí».
«La cantidad de prueba es inmensa, estamos terminando de procesarla, pero la causa continúa porque todavía tenemos muchas pericias para hacer, una cantidad que lleva su tiempo, no todas son de producción inmediata como la autopsia o el proyectil que se extrajo del cuerpo de la víctima», concluyó.
Espinoza fue atacado el 15 de mayo último por la Policía durante un operativo realizado por un festival de caballos cuadreros en el paraje de Melcho, en la ciudad tucumana de Simoca, y su cadáver apareció una semana después en territorio catamarqueño, adonde fue arrojado por un barranco envuelto en bolsas de plástico.
Los resultados de los peritajes realizados en el Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) determinaron que la bala que impactó en uno de los omóplatos de la víctima salió de un arma reglamentaria Jericho calibre 9 milímetros que pertenece al oficial José Morales y que fue secuestrada en el marco de la causa.
Sin embargo, desde la fiscalía aclararon que resta determinar si el disparo lo realizó Morales u otro de los detenidos por el crimen. (TELAM)
