Por una Argentina sin drogas
Por Daniel Arroyo
Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (FdT)
Exministro de Desarrollo Social de la Nación
Los referentes de las distintas fuerzas políticas hoy tenemos la obligación de trabajar en dos problemáticas que preocupan cada vez más a las familias argentinas: en primer lugar, atender la creciente situación de las adicciones y cortar la venta de droga en los barrios; y en segundo término, entender que cuando hablamos del avance del crimen organizado y el narcotráfico nos referimos a una cuestión que no se circunscribe sólo a la ciudad de Rosario sino que se extiende cada vez más a todos los grandes centros urbanos de nuestro país.
En el Congreso nacional acabamos de convertir en ley el proyecto de fortalecimiento del sistema de Justicia Penal Federal de Santa Fe. Es un paso importante para mejorar la seguridad en la provincia y combatir en forma directa el narcotráfico. Pero está claro que, además de tener los jueces y fiscales que hacen falta, ahí no termina el camino y tenemos que avanzar en muchos pasos más.
Un primer eje es comprender que no estamos frente a fenómenos locales y aislados. Si un problema atraviesa Rosario, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, los municipios bonaerenses, San Miguel de Tucumán, estamos claramente frente a una cuestión de escala nacional. Por tanto, necesitamos atender varias cuestiones claves al mismo tiempo -junto al mejoramiento del sistema judicial- para lograr la erradicación del narcotráfico en todos los grandes centros urbanos de Argentina. Una política penitenciaria integral es urgente para evitar manejos de influencias del crimen organizado y el narco.
Pero el problema social no va a borrarse ni va a bajar el consumo de drogas en los barrios si la mitad de los jóvenes no termina el secundario. La escuela necesita una reforma profunda, por eso presenté un proyecto de ley para que las aulas argentinas sean modernas y den oportunidades. Necesitamos un sistema educativo ligado a la ciencia, la tecnología, la educación del conocimiento y adoptar un sistema dual que prepare a las pibas y los pibes para el mercado laboral de la Argentina que viene.
Debemos desarticular la oferta de créditos usurarios que solo condena a la pobreza y esclaviza a tantas pibas y tantos pibes que se endeudan para comprar drogas. Si esto no se combate con un mecanismo de crédito claro, al que vende droga le va a ir mejor que al que trabaja. Y eso es condenar a nuestro país al abismo.
Aprendí hace mucho tiempo que la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto. Por tanto, es necesario poner en marcha políticas públicas y leyes que creen 400 nuevos centros de atención y prevención del problema de las adicciones, fortalezcan el sistema de salud, y en especial, de la salud mental.
También hay que apoyar a quienes hoy hacen, están, sostienen, actúan. Empoderar las áreas sociales y los servicios locales de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes debe ser un objetivo.
Y no quedarnos ahí: debemos hacer fuertes a los clubes en cada barrio y en cada pueblo, a los centros culturales, a las iglesias y las organizaciones religiosas. Que las pibas y los pibes estén en la escuela, vayan al club y las iglesias, se capaciten y tengan oportunidades para construir su futuro.
Si queremos una Argentina con un futuro mejor, debemos transformar en acciones concretas el compromiso que asumimos en Luján, en la campaña impulsada por la Federación de Hogares de Cristo que preside el Padre Pepe Di Paola, junto a referentes de distintos partidos políticos. No puede haber grietas para avanzar en este acuerdo conjunto: NI UN PIBE NI UNA PIBA MENOS POR LA DROGA. (TELAM)
