Reestructuración y profesionalización de las fuerzas policiales en la provincia
El Gobierno de la provincia encaró una reestructuración de la fuerza policial para lograr la profesionalización de los efectivos para «sentar las bases de una generación futura enmarcada dentro de los derechos humanos, las garantías constitucionales y la vida en democracia”, luego del crimen del trabajador rural Luis Espinoza, por el cual hay nueve efectivos detenidos.
Los cambios son impulsados por el Ministerio de Seguridad de Tucumán, a cargo de Claudio Maley, y el proyecto pone énfasis en el nivel educativo y en la capacitación, sobre todo, en derechos humanos y violencia de género.
“Ningún oficial jefe y superior podrá ascender a subcomisario o comisario principal si no tiene títulos terciarios o universitarios, además de una capacitación adecuada en derechos humanos, uso racional de la fuerza pública y violencia de género”, explicó el subsecretario de Seguridad, José Ardiles.
A partir del plan de la reestructuración de la fuerza policial que impulsa el ministerio, la Ley Orgánica de la Policía de Tucumán pasará a denominarse Sistema Integral de Seguridad Pública de la provincia.
“El cambio busca sentar las bases para una generación futura de las fuerzas policiales y penitenciarias, enmarcada dentro de los derechos humanos, las garantías constitucionales y la vida en democracia”, recalcó Ardiles.
El secretario de Seguridad, Luis Ibáñez, explicó al finalizar una reunión realizada hoy que “es un trabajo” que iniciaron “hace tiempo y ahora” están en “condiciones de presentarlo para que tomen participación el resto de los poderes y dar inicio al tratamiento”.
Ibáñez destacó que la próxima semana se reunirán con representantes de la Fiscalía de Estado para ultimar los detalles y luego presentar el proyecto a la Legislatura provincial para su aprobación.
La reorganización de la fuerza policial comenzó con una serie de cambios en los puestos de conducción de las unidades regionales y de algunos departamentos de la fuerza luego de los cuestionamientos realizados por el crimen de Luis Espinoza, el trabajador rural asesinado al recibir un disparo de un policía tras un operativo realizado durante un festival de caballos cuadreros en el paraje de Melcho, de la ciudad de Simoca.
La fiscal Mónica García de Targa, titular de la Fiscalía de Instrucción I del Centro Judicial de Monteros, sostiene que el cuerpo fue trasladado hasta la comisaría de Monteagudo y descartado en Catamarca, donde fue arrojado por un barranco envuelto en plástico a 200 metros del límite con Tucumán.
Ayer, fuentes de la investigación informaron que los resultados de los peritajes realizados en el Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) determinaron que la bala que impactó en uno de los omóplatos de la víctima salió de un arma reglamentaria Jericho calibre 9 milímetros que pertenece al oficial José Morales y que fue secuestrada en el marco de la causa.
Además de Morales, por el crimen se encuentran detenidos el subcomisario Rubén Montenegro, el oficial José Morales, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas; los cabos Claudio Zelaya, José Paz y Miriam González; el agente Esteban Rojas González, el vigilador comunal Sergio Santillán y otro civil, que es hermano de uno de los efectivos. (TELAM)
